La propia reproducción de la sociedad humana y del medio ambiente es lo que ahora está en juego, como consecuencia de la brutal destructividad de las fuerzas del mercado. Simultáneamente, las elites capitalistas internacionales gozan de un poderío impresionante y, aparentemente, sin freno alguno. La estructura de poder internacional está encabezada por unas 200 megacorporaciones, cuyo volumen combinado de ventas es superior al producto bruto nacional de todos los países del mundo, a excepción de los nueve mayores. Es decir, esos modernos monstruos del mercado tienen un poderío económico equivalente al de 182 países. Con ingresos conjuntos de 7,1 trillones de dólares, concentran en sus manos casi el doble del poder económico de las cuatro quintas partes más pobres de la humanidad, cuyos ingresos totales son de sólo 3,9 trillones de dólares. A pesar de su enorme poder y de su fabulosa capacidad para generar beneficios, estas doscientas corporaciones transnacionales son implacables destructoras de empleo: en su conjunto, emplean a menos de la tercera parte del uno por ciento de la población del mundo.

Se trata de grandes oligopolios industriales, comerciales, financieros y comunicacionales, de los que el 96 % tiene su sede central en tan sólo ocho países. Sus ganancias revierten a sus casas matrices, ubicadas en un puñado de países desarrollados, de donde son sus propietarios y sus directivos, y en los que reciben cuantiosas subvenciones y exenciones fiscales. Se trata de una clase dominante mundial constituida por gigantescos monopolios que controlan crecientemente los más diversos sectores de la producción, las finanzas, el comercio, los medios de comunicación de masas y toda una amplísima gama de servicios, y cuya lógica de acumulación condena a cada vez más sectores de la población del mundo a la miseria.

Junto a estas megacorporaciones, en la cúspide de la estructura de poder mundial se encuentran los gobiernos de los países más desarrollados y, en especial, algunas agencias especializadas de los mismos, como los ministerios de economía y hacienda, los bancos centrales ("independientes" de todo control democrático y popular, no así de los intereses de la gran burguesía, a la que sirven sin el menor recato) y otras instituciones económicas similares. Estableciéndose una íntima conexión entre los oligopolios transnacionales y los diversos gobiernos nacionales.

El poderío de este núcleo del capitalismo mundial se acrecienta con sus "perros guardianes": el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que son los custodios del predominio internacional del capital financiero, y comisarios políticos de los intereses imperialistas de los Estados Unidos.

El resultado de este orden de cosas es que el 20 por ciento de la población mundial, se apropia del 83 por ciento del PIB mundial, controla el 82 por ciento del comercio internacional, absorbe el 95 por ciento del total de préstamos comerciales concedidos en el planeta y genera el 95 por ciento de toda la investigación y desarrollo del mundo. La otra cara de la moneda es que mil doscientos millones de personas sobreviven con menos de un dólar por día y carecen de acceso a agua potable. Dos mil cuatrocientos millones carecen de saneamiento y alcantarillado. Casi tres mil millones de seres humanos sobreviven con menos de dos dólares diarios. En cambio, los activos de los tres principales multimillonarios son superiores al PIB combinado de los países más subdesarrollados y sus seiscientos millones de habitantes.

El eje fundamental del capitalismo contemporáneo pasa por el predominio de la circulación financiera internacional: su forma más parasitaria y especulativa. Y en la que el crimen organizado es un actor de creciente importancia. Alrededor del 95 por ciento del capital dinerario que se moviliza por los circuitos financieros internacionales es de carácter especulativo. Y más del 90 por ciento de las transacciones mundiales en divisas corresponde a movimientos de compra y venta por períodos inferiores a ocho días; casi la mitad de ellas en períodos de dos días o menos.

Las políticas neoliberales han impuesto la desregulación y la liberalización de los flujos financieros. La globalización es el resultado de un proyecto afanosamente promovido por las burguesías de los países más desarrollados y ejecutado por los gobiernos que la representan, y no un fenómeno "natural", consecuencia de los avances científicos y tecnológicos en el campo de la informática y la comunicación.

Esa "desregulación" y "libre circulación de capitales" no es otra cosa que la imposición de una nueva modalidad de regulación sólo que, en lugar de descansar en una normativa impuesta por poderes públicos teóricamente responsables ante la ciudadanía y controlables por ella mediante el sufragio universal, ahora lo hace sobre normas y estándares impuestos por el puñado de oligopolios que controlan a los mercados y fijan a su antojo las reglas del juego que mejor sirven a sus intereses. Acentuando la pobreza y la desigualdad social y provocando el desempleo masivo, el empobrecimiento y la exclusión social, tanto a escala nacional como internacional.

En este escenario, poco pintan los pueblos, incluido el nuestro. Peor aún: el nuevo Tratado Constitucional Europeo, que nos afecta directamente, apunta en la misma dirección. Y que, elaborado por las elites de poder europeas, impone un modelo que subordina toda política social a la ortodoxia económica neoliberal. E impide cualquier restricción al libre movimiento de capitales, que sería decisivo para el desarrollo autocentrado de Canarias.

La importancia que da a garantizar la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales en todos los territorios bajo soberanía europea, pone de manifiesto la necesidad de los poderes económicos de encontrar una fuerza de trabajo homogénea en cualquier lugar de Europa y de garantizar el dominio económico sin restricciones en todos los territorios bajo su soberanía. Peor aún: la llamada "Constitución Europea" no sólo no reconoce el derecho a la independencia nacional de las colonias bajo soberanía europea, ni el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, sino que constitucionaliza la "integridad territorial" de cada Estado.

Evidentemente, no es este el camino que saque a Canarias de la dependencia, el que nos haga llegar a la historia.

Casi seiscientos años más tarde, Canarias sigue sufriendo su condición de colonia de producción y servicios dentro del área de la economía europea. La economía canaria está a satisfacer las estrategias y los intereses de las potencias europeas y de España. Como consecuencia de ello, se produce una hipertrofia de la agricultura de exportación y, sobre todo, del turismo, que adquiere rasgos de "monocultivo" totalmente desproporcionado. Con el agravante de que los flujos de visitantes y los precios de los paquetes turísticos están férreamente controlados por tour-operadores extranjeros. Ambas características condicionan el funcionamiento del resto de la economía canaria.

La mayor parte de los beneficios económicos generados en Canarias, fruto de la explotación de las trabajadoras y los trabajadores canarios, se han ido a las arcas de las grandes corporaciones extranjeras, incluidas las españolas. Ello ha sido posible por su dominio sobre los circuitos comerciales exteriores, así como por la destrucción de la producción dedicada al mercado interior, mediante la importación generalizada de productos.

Hasta mediados del siglo XIX existían grandes producciones agrícolas y artesanales destinadas a las Islas, pero la implantación del régimen de Puertos Francos supuso la desaparición de la producción de autoabastecimiento. Y da a la burguesía canaria, que vive de los márgenes comerciales de las importaciones y exportaciones (y de las migajas del turismo), su carácter intermediario.

A partir de ese momento, se hace más vulnerable nuestra economía. Añadamos a ello la liquidación del sector pesquero en aras de los beneficios de empresas españolas en sus relaciones con Marruecos, así como la desaparición de las incipientes industrias agroalimentarias.

Para agravar más esta situación, sufrimos el llamado Régimen Específico de Abastecimientos (REA), un sistema de subvenciones a las importaciones de productos de primera necesidad que, con la disculpa de abaratar los productos alimentarios en Canarias, supone una agresión sistemática contra las producciones canarias, incapaces de competir con productos subvencionados ya en origen y en su llegada a Canarias. Lo disparatado del asunto es que el REA no sólo no sirve para abaratar precios, sino que su única función es engordar aún más las cuentas de los empresarios importadores, especialmente de aquellos que consiguen acaparar los cupos.

A esto hay que añadir el Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías (AIEM), que sustituye al APIC. En un principio se trata de un impuesto que había de servir para proteger a los productos que ya se fabrican en Canarias, gravando la importación. En la práctica se carga también sobre productos que no se fabrican en las Islas, con lo que contribuye a que la cesta de la compra de Canarias como la más cara de todo el Estado.

En Canarias el sector agroalimentario es del 3,82 por ciento, la industria supone el 8,71 por ciento y la construcción el 10,85 por ciento; mientras que el sector de los servicios concentra el 76,62 por ciento. De 1997 a 2002 las importaciones de Canarias crecieron en un 19,2%, mientras que las exportaciones sólo lo hicieron en un 0,2%. De esta forma la tasa de cobertura exportaciones/importaciones se sitúa en el 22,6%, muy por debajo de la de cualquier otra comunidad autónoma y a 50 puntos de la media del Estado. Hay que destacar, además, el desproporcionado peso de los bienes de consumo en las importaciones (37,1%) y la significativa debilidad de las exportaciones de bienes de capital (1,9%).

Estamos, por lo tanto, ante una situación colonial en toda regla, con una economía totalmente subordinada y frágil. La integración plena en la Unión Europea, desatendiendo otras opciones menos lesivas para Canarias, ha reforzado además nuestro papel como plataforma estratégica en la zona y nuestra dependencia económica internacional, dejándonos desarmados para acometer los cambios estructurales imprescindibles en el modelo económico canario.

En este proceso no sólo ganan las multinacionales españolas y extranjeras, sino la propia burguesía colonial canaria, comisionista y alicorta, que vive de los márgenes subordinación económica, de la sobreexplotación de los trabajadores canarios, de la especulación, del tráfico de influencias y del reparto de las subvenciones.

Como consecuencia, nos encontramos con una economía orientada hacia los sectores más especulativos, especialmente en agua, suelo, vivienda, recursos financieros, productos de importación y de primera necesidad. La banca española y extranjera trasvasa de forma incontrolada ingentes recursos financieros, fruto de la sobreexplotación de las trabajadoras y los trabajadores canarios, hacia zonas y países muy alejados de Canarias. La oligarquía dominante en el Estado español se apropia de los excedentes generados en Canarias por medio de la protección de los productos españoles en el mercado canario y de la penetración de las empresas monopolistas españolas (constructoras, grandes almacenes, industrias alimentarias, Telefónica, etc.).

El mayor mecanismo de especulación financiera en los últimos años es la llamada Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), una desgravación del 90% del impuesto de sociedades, supuestamente dedicada a reinvertir en las Islas y a garantizar la generación de puestos de trabajo estables. En la práctica no sólo no cumple esos objetivos, sino que se ha convertido en la fórmula de una gigantesca evasión de impuestos. Con el agravante de que se tiene el descaro de pretender legalizar la utilización de esos excedentes para inversión en terceros países, contradiciendo frontalmente lo que se suponía que justificaba esta exención de impuestos.

La otra cara de este modelo económico es el de los salarios más bajos, la jornada laboral más alta y el menor ahorro familiar del Estado (el 70% de las familias tienen dificultades para llegar a final de mes), así como la mayor tasa de paro (12,92% de paro oficialmente registrado) y los más elevados índices de pobreza (casi el 20% de la población). Además, hay más de 50.000 canarias y canarios analfabetos. El 18,6% de los canarios son peones no cualificados, y el 66% no tiene estudios de bachiller ni superiores.

Para agravar aún más la situación, sufrimos una inmigración masiva, fundamentalmente del Estado español y otros europeos, que elevan la cifra de residentes en Canarias a 1.894.868 personas, de las que aproximadamente el 10% son europeas (de ellas, el 8% españolas) y el 5% de otros países extranjeros (0,6% africanos). En algunas islas, como Fuerteventura y Lanzarote, las canarias y los canarios somos ya minoría.

A esta carga poblacional hay que añadir los más de 12 millones de turistas anuales que, en estancias medias de 10 días, supone un añadido de 330.000 habitantes diarios (más de 2.200.000 residentes efectivos). Hay que señalar, además, el creciente fenómeno de canarización de la pobreza, quedando los puestos directivos y mejor remunerados en manos europeas, y los salarios más bajos y el paro como lacra para los canarios. Urge, por lo tanto, el establecimiento de un Estatuto de Residencia en Canarias, lo que lleva aparejado la reforma de la constitución española.

El enorme crecimiento demográfico, además, junto a la irracional expansión urbana, el deficiente sistema educativo, la sobreexplotación de la mano de obra joven y la carencia de puestos de trabajo, suponen una grave lacra para las jóvenes y los jóvenes canarios, a pesar de que esta es, posiblemente, con diferencia, la generación más preparada de la historia de Canarias. Todo esto destruye sus expectativas de desarrollo personal y les condena a la marginalidad. Debemos pues prestar una especial atención a la juventud canaria, que es lo mismo que decir a nuestro futuro como pueblo.

Lo cierto es que el régimen de autonomía dentro del actual marco jurídico-constitucional del Estado español está absolutamente incapacitado para resolver los problemas estructurales de las Islas, ni para impedir que las decisiones cruciales sobre nuestra vida se tomen fuera de nuestro país: economía, régimen de propiedad, sectores estratégicos, aguas territoriales, recursos naturales, inmigración, sistema educativo, leyes laborales, espacio comunicacional propio, etc. En cambio sí que sirve como herramienta ideal para la defensa de los intereses de la burguesía intermediaria colonial, que saquea los recursos de la Comunidad Autónoma.

Un sector importante de esa burguesía colonizadora, eslabón clave del colonialismo en Canarias y uno de los enemigos principales del pueblo canario, se organiza hoy en Coalición Canaria como regionalismo españolista, que oportunamente tratan de vestir como "nacionalismo". Incluso han tenido el descaro de presentarse como "de izquierdas" en determinados sectores. Sin embargo, es cada vez más evidente su verdadero carácter, tras trece años de ejercicio del poder en las Islas y de su pacto de hierro con el PP.

Otro sector de la burguesía, representado políticamente e ideológicamente por el Partido Popular, continúa fiel a la versión conservadora, reaccionaria y hasta fascista de la dominación colonial. En medio, un PSOE cuya única aspiración es sustituir a CC y PP como representante de esa burguesía y, en todo caso "pisar moqueta". Tanto unos como otros conciben a Canarias sólo como un gran solar a explotar, edificar, vender y sacar tajada. La corrupción, por lo tanto, no es una excepción de personajes que se desvían de la norma, sino que es inherente al sistema capitalista en nuestro país.

Sean conscientes o no de ello, en Canarias, son los trabajadores la única clase con intereses verdaderamente nacionales, objetivamente interesada en la defensa consecuente de los derechos nacionales de Canarias. Sólo la clase trabajadora, organizada de forma consciente, está en condiciones de, en el camino de su liberación social, romper las cadenas de la dominación y asumir el liderazgo cohesionador de la liberación nacional de Canarias. Y por eso en nuestro país, las tareas de liberación nacional y de construcción de una democracia nacional avanzada, en la vía del socialismo, están indisolublemente unidas.

El futuro de Canarias, por lo tanto, depende del grado de organización y conciencia de las trabajadoras y trabajadores canarios, de que tengan una organización política fuerte y cohesionada, y de que militen en sindicatos nacionales de clase. Un futuro que requiere la toma del poder por el pueblo canario, con la construcción de un bloque histórico que una a las clases populares en la lucha contra la dominación colonial e imperialista.

En esa lucha de izquierda nacional canaria, planteamos una democracia nacional avanzada con los siguientes objetivos:

La Autodeterminación de Canarias, entendida como el derecho fundamental a la soberanía nacional, a la descolonización y a constituirnos como Estado independiente.

El establecimiento de un Estatuto de Residencia en Canarias, que limite la carga poblacional de las Islas. Con la reforma constitucional que fije la excepción de Canarias a la libre circulación y residencia de los ciudadanos españoles y las pertinentes modificaciones en los tratados y leyes europeas. A la vez, la promoción de políticas de acogida y plena integración de las inmigrantes y los inmigrantes pobres, sacándolos de la exclusión y castigando severamente los abusos y la sobreexplotación de quienes se aprovechan de su situación.

La definición de la ciudadanía canaria como la de los nacidos de padres canarios, los nacidos en Canarias o los que, habiendo nacido fuera de las Islas, residan legalmente en la Nación Canaria; sin distinción de lugar de nacimiento, origen familiar, grupo étnico o religioso y que, por lo tanto, acepten los valores básicos consensuados por el pueblo canario expresados en su ordenamiento constitucional.

La plena igualdad de todas las ciudadanas y ciudadanos de Canarias. Para ello se promoverán políticas de promoción de las mujeres en todos los ámbitos. Asimismo, se promoverán medidas legales y sociales para acabar con la discriminación contra las personas por su orientación sexual, promoviendo la plena igualdad de las familias de cualquier característica.

La planificación democrática de la economía canaria por parte de los propios canarios, con un desarrollo autocentrado, diversificado e interdependiente. Con el fin de evitar la pérdida de control del tejido económico propio, en el marco del creciente proceso de globalización, la regulación de los movimientos de capitales, incorporando inversiones extranjeras bajo la dirección pública, y exigiendo contraprestaciones (transferencias tecnológicas, industrias subcontratadas, medidas medioambientales...). Supresión de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

La prioridad de las formas de propiedad colectivas, potenciando el movimiento cooperativo y las sociedades anónimas laborales. Igualmente, apoyando a las pequeñas y medianas empresas en función de su rentabilidad potencial, capacidad de innovación y creación de puestos de trabajo.

El desarrollo de un poderoso sector de propiedad pública canaria que se convierta en el factor determinante de nuestra economía. Y el establecimiento de acuerdos estratégicos con sectores de la burguesía canaria que se incorporen a un programa común, y estén interesados en la economía productiva y no especulativa.

La organización democrática del trabajo, con la participación de los trabajadores en la cogestión de las empresas y en su accionariado. Con el desarrollo de los derechos laborales y llevando la democracia a la empresa.

La mejora y potenciación del Estado del Bienestar en Canarias, como mecanismo de justicia social y de redistribución de la riqueza. Con una especial atención a los sectores populares y a aquellas personas que caen en la exclusión social.

La declaración de aguas territoriales sobre las doscientas millas en torno al perímetro archipielágico, y el trazo de la mediana con los países continentales vecinos. Con la opción de ampliar a 300 millas la zona económica exclusiva.

La socialización del agua y de sus redes de distribución, pasando a propiedad pública canaria todos los recursos hídricos de Canarias y sus canalizaciones.

La potenciación de la agricultura y la ganadería, especialmente la dirigida al consumo interior, en el camino de eliminar la dependencia agroalimentaria. Y como factor de reequilibrio territorial y de preservación del medio. Para ello se pondrá en marcha un Plan Estratégico de inversiones públicas e incentivos a la agricultura, a la ganadería y al mercado agrícola interno, con subvenciones directas a las empresas familiares agrarias y al cooperativismo agrario.
Para evitar la concentración de la propiedad agraria en manos ajenas al campo, Ayudas fiscales y créditos blandos que faciliten el acceso de aparceros y jornaleros agrícolas a la propiedad de las tierras que trabajen. Igualmente, la aplicación de una fiscalidad diferenciada adaptada al sector agrícola canario, que permita el incremento de las rentas agrarias.
Para evitar los abusos actuales y la penalización a las producciones canarias, la supresión del Régimen Específico de Abastecimientos (REA) y su sustitución por una empresa pública canaria de importaciones estratégicas y distribución de productos agrícolas y de primera necesidad, así como la limitación a la implantación de grandes superficies.

El desarrollo económico sostenible ecológicamente. Con un uso más eficiente y racional de los recursos, substituyendo progresivamente los sectores contaminantes, depredadores del territorio y de los recursos naturales, por otros que respeten las disponibilidades reales del medio ambiente canario y se base en el uso de energías renovables. Las aguas, el suelo y el aire de Canarias no podrán estar en manos privadas. Los administramos para las generaciones futuras.

La puesta en pie de un potente sistema de Enseñanza Pública Canaria, laica, democrática y moderna. Y con los recursos suficientes, como corresponde a un sector estratégico fundamental. Estableciendo la laicidad plena en las escuelas públicas canarias, resituando las enseñanzas religiosas en el ámbito de la privacidad y garantizando una educación no sexista ni racista a todos los niveles.
Igualmente, la estabilidad del profesorado interino y sustituto de larga duración, cancelando las oposiciones abiertas a profesores ajenos a nuestra realidad educativa, social y cultural. Con incentivos económicos para que se cubran de forma voluntaria las plazas vacantes en las islas periféricas, aboliendo los traslados forzosos.

La potenciación y el desarrollo de la cultura canaria, como elemento de identidad volcado al futuro. La revisión de textos, contenidos y prácticas pedagógicas para el pleno uso del habla canaria como forma nacional del idioma español. El fomento de la historia de Canarias, de la literatura y del arte canario desde primaria hasta los últimos ciclos universitarios, así como del conocimiento geográfico, cultural y medioambiental de Canarias. Y la implantación de la Lucha Canaria y otros deportes tradicionales como asignatura escolar.

La defensa de la Paz, no sólo como la ausencia de guerra, sino como la ausencia de injusticia social, nacional e internacional. Con la progresiva desaparición de los ejércitos convencionales en beneficio de un modelo meramente defensivo que prime las relaciones internacionales basadas en el diálogo, el entendimiento, la transparencia y la solidaridad entre las naciones. Utilizando la negociación política como medio para prevenir, regular y resolver los conflictos.

Por la liberación social y nacional de Canarias
¡Viva Canarias Libre y Socialista!